La actuación judicial en una y otra zona contra el llamado enemigo interior es uno de los aspectos más controvertidos de la Guerra Civil española, pero uno de los peor conocidos. La interpretación de los hechos históricos ha primado con frecuencia sobre el estudio de los textos relativos a los mismos, cuando la prosa descarnada de los procesos que se incoaron es mucho más esclarecedora que mil panfletos a favor o en contra de cada caso.

Hoy resulta impresionante leer las razones aducidas en ambos bandos para revestir de lenguaje jurídico lo que no era más que el ansia destructiva del adversario ideológico. La documentación que aporta Fernando Díaz-Plaja, extraída de unos archivos hasta ahora celosamente guardados, nos permite así un conocimiento exacto de las argumentaciones, muchas veces injustas, con que se arroparon, por ejemplo, los fusilamientos del laureado general Batet, el diputado católico Manuel Carrasco i Formiguera o José Antonio Primo de Rivera, preso desde mucho antes del alzamiento militar; la condena a muerte, por Franco de Manuel Hedilla, jefe nacional de Falange, o los intentos de exterminación, en zona republicana, del Partido Obrero de Unificación Marxista.