Esta obra del profesor Allan R. Brewer CarIas es la continuación de su obra anterior: Dictadura Judicial y perversión del Estado de derecho. La Sala Constituciónal y la destrucción de la democracia en Venezuela, publicada en 2016 en Caracas (dos ediciónes) y en Madrid en 2017; en la cual ha estudiado todas las sentencias de la Sala Constituciónal del Tribunal Supremo de Justicia dictadas desde los Ultimos meses de 2016 hasta el presente, mediante las cuales la misma terminó de aniquilar a la Asamblea Naciónal, usurpando todas sus funciónes parlamentarias, legislativas y de control. Mediante una serie sucesiva de sentencias, la Sala Constituciónal llegó incluso a declarar no solo que todos los actos y actuaciónes de la Asamblea Naciónal dictadas desde enero de 2016 "carecen de validez, existencia y no producen efecto jurIdico alguno" sino que igual situación abarcarIa a todos los "actos o actuaciónes que en el futuro dictare la Asamblea Naciónal," cercenAndose en definitiva el derecho más elemental del pueblo en un Estado de derecho, que es el de ejercer la soberanIa mediante sus representantes. Entre todas las decisiones que analiza el autor para demostrar que lo que se instalado en Venezuela es una tiranIa judicial, no solo están aquellas mediante las cuales, por ejemplo, la Sala Constituciónal asumió los poderes de la Asamblea Naciónal en materia presupuestaria, incluso la sanción de la Ley de Presupuesto; y en materia de control para recibir en sustitución de la Asamblea la memoria y cuenta anual del Presidente de la RepUblica; sino las muy publicitadas y criticadas sentencias No. 155 de 27 de marzo de 2017, mediante la cual, de un plumazo eliminó la inmunidad parlamentaria de los diputados y ordenó al Presidente de la RepUblica a gobernar violando abiertamente la Constitución, atribuyéndole inconstituciónalmente la potestad de legislar; y No. 156 de fecha 29 de marzo de 2017, mediante la cual la Sala Constituciónal procedió a asumir "de pleno derecho" y ejercer de facto todas las competencias parlamentarias. La grave alteración del orden constituciónal que produjeron estas sentencias, no sólo provocaron la reacción del Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, quién las las sentencias como un "auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Naciónal," sino incluso de la Fiscal General de la RepUblica, quien al redescubrir que habIa una Constitución que debIa defender, las calificó como un grave "desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución," y "una ruptura del orden constituciónal;" que el régimen no le perdonó, y por lo cual inició una acusación en su contra para removerla de su cargo, a pesar de que ello solo lo puede hacer la Asamblea Naciónal conforme a la Constitución.