La noche del 29 de diciembre de 1936, en las cercanías del pequeño pueblo de Poyales del Hoyo (Ávila), los partidarios del general Franco asesinaron a tres mujeres: Virtudes de la Puente Pérez, Pilar Espinosa Carrasco y a la embarazada Valeriana Granada. Después, sus cuerpos fueron lanzados a una fosa común en el cementerio de la localidad, donde permanecieron abandonados y sin identificar durante décadas. Mientras tanto, los responsables vagaron libremente y, según se dice, uno de ellos disfrutó de tal impunidad que los vecinos le apodaron «501» por el número de víctimas que alardeaba haber matado. A comienzos de noviembre de 2002, décadas después de ser aprobada la Constitución democrática de 1978, algunos familiares de las víctimas y algunos vecinos, lograron exhumar los restos y darles un enterramiento digno. Según las informaciones periodísticas, la alcaldesa conservadora de Poyales del Hoyo en 2002, Damiana González Vadillo, era sobrina de «501» y trató de impedir que los cuerpos fuesen enterrados en el cementerio, alegando que éste carecía de espacio suficiente para los mismos.

Entre la primavera y el verano de 2011 se sucedió otro episodio en esta historia: el 22 de mayo, un nuevo alcalde conservador, Antonio Cerro, asumió el cargo. Ese mismo día, unos desconocidos profanaron la placa conmemorativa erigida en el lugar en el que los franquistas habían asesinado a las tres mujeres. Unas semanas después, el 30 de julio de 2011, el alcalde ordenó la retirada de los restos de los nichos donde habían sido depositados y dispuso que fuesen devueltos a la fosa común. Su medida provocó la respuesta de algunos vecinos y, a comienzos de agosto, estallaron protestas y enfrentamientos en el pueblo. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de familiares de las víctimas y de personas afines al movimiento para la recuperación de la memoria histórica comenzaron a protestar, llevando una pancarta con la siguiente leyenda: «Somos los nietos de los obreros que no pudisteis fusilar». Entonces, algunos derechistas locales los acusaron de no ser españoles (una acusación que los franquistas también habían vertido en su momento sobre sus enemigos en la guerra civil de 1936-1939), destruyeron la pancarta e incluso alguno de ellos afirmó que «si Franco levantara la cabeza os cortaba el cuello».

Esta historia dice mucho sobre los conflictos que, en relación al pasado y a su legado, todavía atraviesan a tres generaciones de españoles. Desde el cambio de milenio, este conflicto ha alcanzado nuevas cotas debido a las actividades de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, compuesta en gran parte por los nietos de las aproximadamente 150.000 víctimas de la represión franquista. Como sucedió en Poyales del Hoyo en 2002, los miembros de la Asociación tratan de encontrar las fosas donde yacen muchos de sus familiares para, entonces, exhumar los cuerpos y dar digna sepultura a los asesinados. Entre el comienzo del siglo y septiembre de 2011, han logrado desenterrar a 5.476 víctimas. Las exhumaciones han contribuido a alimentar la polémica y el debate, propiciando la aprobación en diciembre de 2007 de la comúnmente conocida como Ley de la Memoria Histórica. En la Ley, el Estado asumía el compromiso de promover un mejor conocimiento del pasado, así como de apoyar la búsqueda de las fosas comunes y la identificación de las víctimas. Sin embargo, la disposición no contó con el apoyo de todos los partidos políticos. El diario El País incluyó en una de sus ediciones de 2011 la disconformidad de Mariano Rajoy, entonces líder del Partido Popular en la oposición, en las que afirmaba que la Ley de la Memoria Histórica no tenía ningún sentido y que, si llegaba al poder, no estaba interesado en mantenerla. Tras su victoria en las elecciones generales de noviembre de 2011, redujo la cantidad presupuestada para las actividades de recuperación del pasado y, en el presupuesto de 2013 y 2014, las partidas se redujeron a cero.